Las secretarías de Educación de los departamentos y municipios deben, a través de una directriz nacional, atender de inmediato las denuncias de maestros amenazados y trasladarlos a otras zonas donde sus vidas no corran riesgo, mientras los organismos de inteligencia del Estado adelantan las investigaciones del caso.
Así lo planteó ayer en Montería la ministra de Educación, María Fernanda Campo, en el marco del evento que denominó Travesías Por La Educación Superior, realizado en el centro de convenciones de esta ciudad.
“Cuando un maestro en el país ponga de presente que está en una situación de riesgo, inmediatamente deben tomarse las acciones correspondientes de traslado, mientras se llevan a cabo todos los procesos que se requieren para identificar si es cierta o no la amenaza. Hemos instado a las autoridades territoriales para que estén muy pendientes de nuestros docentes amenazados”, precisó la ministra Campo.
El pronunciamiento de la titular de la cartera de educación coincidió con la revelación que precisamente en la mañana de ayer hizo el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) Domingo Ayala Espitia, en el sentido de que ya son más de mil los educadores amenazados en este Departamento.
“Eso está generando un problema en las familias de los maestros. Me consta la situación de docentes que cuando van a salir de sus casas para irse a trabajar, sus hijos los agarran por la cintura y sus esposas lloran, para que no asistan. Tenemos educadores que por las amenazas tienen problemas de desequilibrio mental y se están tratando con psiquiatras, por el temor que generan las llamadas en las que les describen los nombres de sus hijos, dónde estudian y cuáles son sus rutas”, precisó el dirigente sindical.
Ayala dijo que la misión de los maestros es educar como lo están haciendo, pero deben otras instituciones del Estado encargadas de la seguridad, hacer la misión que les compete frente al tema de los educadores intimidados.
Por Eduardo García
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