La situación de la educación superior oficial en Colombia es deprimente, mientras más se les exige demostrar mejores resultados, menos recursos se les entregan.
Durante unos tres años los vicerrectores administrativos y financieros de las universidades públicas ejecutaron un estudio económico de sus instituciones, el cual arrojó cifras alarmantes sobre la desfinanciación.
La primera fase muestra el déficit de 1.3 billones que enfrentan para que las 32 instituciones funcionen de manera adecuada, por cuanto los costos de nómina se han incrementado en los últimos años. “Da cuenta de los gastos recurrentes que las universidades del Estado han tenido que asumir, derivados fundamentalmente de la aplicación de los decretos salariales
para los profesores de las universidades estatales, principio del Decreto 1444 y el actual Decreto 1279 de 2002, que es el rige para el régimen salarial de los profesores universitarios al servicio del Estado”, aclaró Juan Carlos Orozco, rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
La segunda fase se centró en el tema de infraestructura y suministro de espacios tecnológicos, que permitan ambientes de aprendizaje agradables, seguros y eficientes. En esta área, el monto es descomunal, se requieren 9. 8 billones de pesos para bajar el riesgo con el que hoy trabajan las instituciones públicas.
“Las universidades del Estado no hemos podido cumplir con una serie de exigencias en términos de normatividad, por ejemplo, de sismorresistencia de mantenimiento estructural de nuestras edificaciones con 40, 50 y más años; no hemos podido atender, como se debía, lo que nos obliga la reglamentación para facilitar el acceso a las poblaciones con limitaciones físicas en los campus de la universidad”, comenta el rector de la UPN.
Agregando que en infraestructura tecnológica, renovación de laboratorios y construcción de nuevos edificios también están quedados por falta de recursos.
El tercer atraso es la formación de doctores, porque sólo las grandes universidades tienen en estos momentos los porcentajes de formación doctoral para llegar a ser reconocidas en algunos años dentro de los rankings mundiales de las mejores universidades.
Para afrontar esta crisis, muchas universidades han recurrido a contratación de catedráticos, cursos de 40 estudiantes y disminución de horas presenciales. Este panorama equivale a un detrimento de la calidad de la educación pública, sin embargo, los centros académicos oficiales continúan brindado excelente formación en medio de la crisis.
Este último dato lo utiliza el gobierno para deshacerse de su responsabilidad fiscal. Entonces, el Estado, las grandes empresas y los colombianos están en deuda con la educación superior, ese es el costo de un mejor futuro.
Noticia:
