La Comisión Nacional del Servicio Civil,
CNSC, ha abierto una nueva convocatoria para proveer cargos docentes, orientadores y directivos docentes. Es una buena noticia que cada vez más se vayan ocupando las vacantes en provisionalidad muchas veces sujetas a caprichos y cuotas burocráticas; entrar en la discusión acerca de la pertinencia de una evaluación escrita para determinar la idoneidad de un docente sería muy largo, pero quisiera expresar la inquietud que me ha dado conocer, incluso entre profesores nominados al Premio Compartir, compañeros que no habían podido pasar el examen.
En esta convocatoria, para los aspirantes se ha hecho necesario registrarse en la plataforma del Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad,
SIMO, y subir todos sus soportes, entiendo que el objetivo es establecer un primer filtro de inhabilidades e irregularidades para imprimirle celeridad al proceso, pero en las redes sociales son muchos los inconformes con la lentitud y la ineficacia de la página, además, la imposición de hacer el cargue de los documentos al principio restará puntos a los aspirantes que esperaban terminar estudios en el curso del proceso; preocupa entonces que, más que una ayuda, SIMO se convierta en piedra de tropiezo para los concursantes.
El decreto 915 de 2016 comete el error de elevar a 70 el puntaje mínimo requerido en el examen, sobre todo porque es la única prueba eliminatoria y aquí vale la pena preguntarse, como en el caso de los ‘pilos’ si una evaluación escrita, en la que pueden intervenir distintas variables, deba tener tanto impacto en el proceso. Para muchos el incremento en la nota mínima no tiene como objetivo la calidad de los docentes sino poner un obstáculo para seguir haciendo politiquería con las vacantes.
Niños y jóvenes esperan con ansias a los nuevos rectores y profesores que ayudarán en la construcción del nuevo país que se vislumbra con la firma del fin del conflicto con las FARC, es por eso que se hace necesario un proceso de escogencia y selección hábil y eficiente que garantice credibilidad.
Fueron muchos los inconvenientes que se denunciaron en el proceso anterior: que muchas entidades territoriales dilataban inexplicablemente las fases del proceso o que la contratación se hizo directamente porque no hubo licitación, pero la que me pareció más grave fue que la comisión subcontrató el cargue de documentos y el operador cometió errores en la interpretación de las normas tomando decisiones increíbles como dejar por fuera a muchos aspirantes con requisitos válidos, a otros le disminuyó los puntos de hoja de vida. Sólo sobre este aspecto hubo más de ocho mil quejas que generaron unos retrasos extravagantes. Esto no puede volver a pasar, no se puede volver a jugar con las esperanzas de tantos compañeros a quienes no contrataban en el sector privado por haber pasado el concurso, pero que tampoco podían ingresar al sector público por culpa de la ineficiencia del sistema. No se puede perder la credibilidad de un sistema cuyo principal atributo es precisamente el mérito y la imparcialidad.
Niños y jóvenes esperan con ansias a los nuevos rectores y profesores que ayudarán en la construcción del nuevo país que se vislumbra con la firma del fin del conflicto con las FARC, es por eso que se hace necesario un proceso de escogencia y selección hábil y eficiente que garantice credibilidad. Esperamos que así sea.
Adendo: Sé que es un poco tarde para hablar de esto, pero: ¡qué bajo cayó el debate acerca de los manuales de convivencia! Perdimos una hermosa oportunidad para tratar con altura el tema.
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