El pliego tiene 6 puntos en total, cada uno desglosa los principales problemas que enfrenta el magisterio actualmente. Temas como evaluación de competencias o aumentos salariales ocupan un renglón importante.
El pliego de peticiones que radicó la Federación Colombiana de Educadores ante el gobierno nacional para darle inicio al proceso de negociación consta de 6 puntos gruesos, que comprenden los principales problemas del gremio y de la educación pública.
El primer punto se refiere a la vida. Solicita la derogación del Decreto 1628 de 2012, que no protege la vida de los maestros e incumple uno de los acuerdos de las negociaciones del 2011. Asimismo, pide un incremento de la UPCM a la vez que control, vigilancia, auditorías médicas y sostenimiento del régimen especial de salud.
El segundo se relaciona con la política educativa. Exige frenar la privatización del sistema educativo, desmontar la Ley 1294 y su decreto reglamentario 2355 que permite contratar, entregar en concesión y crear banco de oferentes. Igualmente, reclama la conformación de una Comisión Nacional de Educación con presencia de Fecode, la mane y profesores universitarios para concertar la política pública educativa, congelando la certificación de municipios de menos de 100.000 habitantes e implementar el preescolar de tres grados.
El tercer punto es la derogación de la Directiva Ministerial 02 que aumenta la jornada laboral. En coacción darle plena vigencia a la Directiva 10 de 2009, que sí respeta las 6 horas laborales, la asignación académica y los periodos de clase.
La cuarta petición se centra en lo económico y va por el pago de los ascensos, la prima de servicios, primas departamentales, zonas de difícil acceso, factores salariales, porcentaje del 5.05% para los docentes del 1278 y reconocimiento del 15% para los maestros nombrados como maestros e práctica docente en las normales superiores.
El punto número 5 aboga por el fortalecimiento y refinanciamiento del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Desarrolla el pago de la deuda prestacional, la cancelación oportuna de cesantías y pensiones, y la reglamentación de la ley 1562 sobre riesgos laborales.
El último aspecto dice que se debe retirar la evaluación e competencias como requisito para ascenso, tal como se presentó ante la Comisión Tripartita. Firman este documento el Comité Ejecutivo y la XIX Asamblea General de Fecode.
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