Avanza convenio entre sociedad civil y sector público y privado sobre estrategias y acciones para impactar en la Educación para la Sexualidad, los Derechos Humanos y en la Ley de Convivencia Escolar en instituciones educativas en zonas de difícil acceso de esta región colombiana.
Se trata de un convenio entre la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Ecopetrol y el Ministerio de Educación Nacional, que se desarrolla desde el segundo semestre del año pasado en zonas de difícil acceso de Antioquia, Cesar, Santander, Bolívar y Barrancabermeja. Este acuerdo tiene tres alcances: el primero, es el acompañamiento continuo a las Secretarías de Educación (SE) y a las instituciones educativas; el segundo, es la movilización social y el tercero, la incidencia política.
El primero consiste en la expansión del PESCC y Eduderechos, a través del apoyo a las Secretarías de Educación y la formación de 3.523 docentes de 176 instituciones educativas, lo que impacta a 91.964 estudiantes aproximadamente. Estos procesos de acompañamiento continuo incluyen identificar la problemática de cada zona, a través de lecturas de contexto, talleres de formación permanentes, encuentros con los maestros y acompañamiento a las secretarías de educación certificadas, así como a las instituciones educativas.
Por su parte, el segundo alcance, de movilización social, gira en torno a la educación en derechos humanos, sexuales y reproductivos a través de una estrategia que vincula a actores como organizaciones de mujeres, grupos juveniles y sociales. La primera acción fue desarrollar e implementar un modelo de servicio social estudiantil y la segunda, realiza actividades culturales y artísticas para trabajar con las comunidades estos temas.
Mientras tanto, el alcance de incidencia política busca la construcción y el fortalecimiento de redes intersectoriales para la participación social, comunitaria y ciudadana en la educación en derechos humanos, sexuales y reproductivos. En este sentido, los 30 municipios de la región del Magdalena Medio conocen y diseñan planes de trabajo para la implementación y dinamización de rutas de convivencia escolar para atender la Ley 1620 y rutas para la atención integral a víctimas de violencia sexual.
Algunos de los logros impactaron en ocho municipios priorizados (Yondó, Simití, Betulia, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cantagallo, y San Martin), ya que cuentan con rutas de atención a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar validadas en el ámbito comunitario e institucional, según las problemáticas de la zona.
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