La denuncia fue hecha por el Polo Democrático Alternativo.
Los representantes Iván Cepeda y Wilson Arias del Polo Democrático Alternativo vincularon este miércoles a la ministra de Educación María Fernanda Campo y a su exesposo con la compra irregular de predios baldíos en Vichada.
Iván Cepeda dijo que Campo y diferentes miembros de su familia, constituyeron Sociedades Anónimas Simplificadas para comprar baldíos adjudicados en Vichada, siendo en ese momento ella presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Cepeda aclaró en un debate en la Cámara que no se configuraría una ilegalidad porque cada Sociedad Anónima Simplificada compró una Unidad Agrícola Familiar sin sobrepasar lo permitido por ley.
Sin embargo, se cuestiona que una misma familia cree varias de esas figuras para realizar dichas compras y luego ponga esos predios al servicio de un solo proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas de la empresa Indupalma, cuyo gerente es el exesposo de la ministra Campo, Rubén Darío Lizarralde.
“El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los habitantes rurales. Por un lado, está la mezquindad y la exclusión hacia el campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, declaró Cepeda.
El legislador junto al representante Wilson Arias le solicitaron al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que revele los conflictos de interés de todos los funcionarios y aliados del Gobierno que han acumulado tierras.
También pidieron al mandatario concluir los procesos de constitución de las Zonas de Reserva Campesina que están en trámite.
Cepeda advirtió que a raíz de estos cuestionamientos, el Gobierno Nacional debe abstenerse de presentar el proyecto de la ley de baldíos al Congreso.
Con respecto a las Zonas de Reserva Campesina, los congresistas del Polo argumentaron que “las objeciones que se han presentado frente a dicha figura que busca proteger la territorialidad y la economía campesina, no tienen fundamento teórico ni empírico”.
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