Hace unos días, la Procuraduría General de la Nación emitió una solicitud de suspensión al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), ya que se presentaron algunas inconsistencias que no garantizan la transparencia del proceso de contratación de los servicios de salud a los afiliados, por una suma de $5,2 billones.
La decisión del ente de control se basó en, que en atención a los principios de la Constitución Política, la función administrativa y la gestión fiscal, el proceso de contratación debía tener un fortalecimiento de la estructura con el fin de tener una administración responsable del Fondo.
Esto lo expresó el actual procurador, Fernando Carrillo, en una carta que envió a la ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, como presidenta del Conejo Directivo del Fomag.
En este documento dio a conocer, además de la ‘solicitud de suspensión’, algunos aspectos en los que hizo énfasis el ente de control como por ejemplo el presupuesto asignado para el contrato, en el cual debe “soportarse, razonarse y justificarse la cuantía de la convocatoria actual”. El mismo suma $5,2 billones y que comparado con el monto anterior es superior en $0,3 billones, pues el otro era de $4,9 billones.
Otros aspectos que se resaltaron, entre nueve que detalló la Procuraduría, fueron los plazos, las modificaciones y la falta de una instancia coordinadora o articuladora de los prestadores de servicios de salud a nivel nacional.
Por el momento la ministra de Educación no se ha pronunciado sobre el tema, aunque ha expresado su preocupación por la situación y por garantizar la efectiva prestación de salud a los maestros.
Entre tanto, desde el Ministerio de Educación la respuesta que se ofreció es que, el próximo 18 de abril (mañana) se va a reunir el Consejo Directivo del Fomag, con el fin de analizar el tema y dar una respuesta a la Procuraduría.
Vale la pena anotar que en el Fomag participan el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Trabajo, la Fiducia de Inversión de Colombia (Fiduprevisora) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Precisamente, el presidente de Fecode, Carlos Rivas, habló con este diario y dijo que desde hace varios meses venían haciendo énfasis en los problemas que tenía la licitación que adelantaba la Fiduprevisora. “Hemos realizado varios llamados a la presidenta de la entidad, pero no han atendido hasta el momento nuestras solicitudes y preocupaciones”.
Además, el presidente agregó que “el Gobierno tiene la obligación de garantizar el servicio médico a toda la población a nivel nacional. Si no tenemos una solución tendremos que ir a paro en defensa de la vida”.
De acuerdo con estas declaraciones, Rivas indicó que los resultados se deben ver antes de que se acabe el actual semestre ya que están en vilo más de un millón de personas que dependen de esta situación.
En el informe de gestión de la Fiduprevisora para 2016, se indicó que hay 323.831 afiliados. Bogotá, Antioquia y Cundinamarca son las zonas en donde más vinculados se registraron con 34.964 personas; 19.555; y 11.948, respectivamente. (Ver gráfico)
LR contactó a la Fiduprevisora para aclarar las acusaciones y la situación en la que está el Fondo. Sin embargo, extraoficialmente respondieron que van a esperar hasta la reunión del Consejo Directivo del Fomag que se va a llevar a cabo mañana, con el fin de tener una respuesta acertada a los lineamientos del Fondo.
Por el momento, las fechas que se establecieron para las licitaciones indicaban que el próximo 26 de mayo se iba a adjudicar la nueva licitación, para que en junio las nuevas empresas enteraran a operar. Esto luego de la prorroga establecida en la operación hasta el 31 de mayo para las actuales firmas de salud.
Creditos / Fuente: Web La Republica
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